FIRMA ELECTRÓNICA Y SU UTILIDAD PRÁCTICA A RAÍZ DEL COVID-19 *Validez de los contratos con firma Digital en Venezuela*

 Firma se concibe generalmente como aquel signo o escritura habitualmente manuscrita, emanado de un persona mediante el cual autoriza o valida una declaración en  un documento en específico, siendo  ésta concepción, a groso modo, la noción más común del término.

Cuando pensamos en firmar un documento, lo primero que se nos ocurre es estampar nuestra rubrica en un papel físico y dependiendo de su tipo, este acto sería unilateral Privado (personal), bilateral con un tercero/s (privado), o ante una institución Pública del Estado (documento Público Bilateral-Unilateral) verbigracia la venta de un Apartamento o Inmueble en un Registro Público.

De lado hemos dejado las nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología y permite la legislación, quizás por un tema de seguridad, practicidad o en algunos casos desconocimiento, pues vemos muy difícil la idea de celebrar actos legalmente válidos de FORMA DIGITAL, que tradicionalmente lo hemos usado con documentos en físico (papel impreso), a pesar que, sin darnos cuenta, cotidianamente suscribimos instrumentos análogos con menor repercusión en nuestra esfera jurídica, como es el caso de apertura de una cuenta de correo electrónico, mediante el cual aceptamos haciendo un clic a los términos y condiciones, que en esencia es un contrato legal de adhesión en el cual se regula las condiciones jurídicas del uso de dicho correo, o también la adquisición de un artículo ofertado en una web.

En Venezuela la regulación de los contratos firmados electrónicamente data del AÑO 2001, con la creación del DECRETO CON FUERZA DE LEY SOBRE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS y su REGLAMENTO parcial del año 2004, así como la LEY DE INFOGOBIERNO del año 2013, en dichos instrumentos se materializó la posibilidad de suscribir electrónicamente un documento, creando así el escenario jurídico para que, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos que garantizan la seguridad de la identidad entre el emisor y el suscriptor final,  o dicho de otra forma, que exista la seguridad que la persona que figura como firmante electrónico del documento sea efectivamente quien dice ser.

Ahora bien, a pesar de su existencia, LA FIRMA ELECTRONICA  cayó en desuso, pues en nuestro país se continuó usando los medios tradicionales a la hora de suscribir un documento, dejando de lado la entonces novedosa Ley de Datos, a pesar de sus bondades tanto en eficiencia de recursos como en su rapidez, dando la espalda a la Globalización y las tendencias mundiales a celebrar contratos a través de mecanismos digitales (INTERNET), comunes sobre todo en materia de comercio electrónico.

Esto fue así, hasta el momento que el mundo se detuvo, las instituciones dejaron de atender al público, se produjeron las restricciones de movilización, cuarentenas obligatorias, en general todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo a raíz de la presencia de la pandemia COVID-19; Es aquí, donde nace la necesidad real de cambiar las costumbres tradicionales, abrirnos a nuevos horizontes, pisar terrenos para muchos desconocidos y  retoma auge la necesidad de realizar nuestras actividades de forma remota, sin salir de nuestras casas, que exista la posibilidad real de hacer actos que tradicionalmente ejercíamos presencialmente; Comienzan las empresas a implementar operaciones con sus trabajadores a distancia, las reuniones y actividades académicas digitales  con video llamadas como por ejemplo el ZOOM, entre muchas otras,  y en el escenario Jurídico, retomamos aquello que hemos dejado olvidado, CONTRATOS DIGITALES CON FIRMA ELECTRÓNICA, surgiendo igualmente la necesidad del Estado de regular supuestos no cubiertos por la normativa existente, tales como la implementación de Procesos Judiciales ONLINE y la implementación del funcionamiento del aparataje del Estado  a través de los medios tecnológicos existentes, que permita una atención oportuna a los usuarios y que a la vez se cumplan las condiciones de bioseguridad.

 

PROFUNDIZACIÓN JURÍDICA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

La legislación le otorga el mismo valor de poseen las firmas autógrafas, lo cual permite celebrar contratos jurídicos legales y confiables,  para ello es necesario la existencia de un proveedor de servicios de certificación, quien sería el encargado de emitir un certificado electrónico que es el que le atribuye la certeza y validez a la firma electrónica.

Se prevé la obligatoriedad de autenticar  o registrar los documentos que requieran esta formalidad, pese a que ya han sido previamente firmados electrónicamente, debe hacerse el respectivo registro o notariado según corresponda, como es el caso de una venta de inmueble o un poder, lo que no sucede,  por ejemplo con unas copias certificadas o una constancia de trabajo.

 

Artículo 1 DECRETO CON FUERZA DE LEY SOBRE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS

Artículo 1. El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos.

…omisis…

A tal efecto, sus normas serán desarrolladas e interpretadas progresivamente, orientadas a reconocer la validez y eficacia probatoria de los Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

La certificación a que se refiere el presente Decreto-Ley no excluye el cumplimiento de las formalidades de registro público o autenticación que, de conformidad con la ley, requieran determinados actos o negocios jurídicos.

Artículo 6. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en este Decreto-Ley.

Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje de Datos al tener asociado una Firma Electrónica.

 

Artículo 16. La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. A tal efecto, salvo que las partes dispongan otra cosa, la Firma Electrónica deberá llenar los siguientes aspectos:

  1. Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo una vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad.
  2. Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología existente en cada momento.
  3. No alterar la integridad del Mensaje de Datos.

A los efectos de este artículo, la Firma Electrónica podrá formar parte integrante del Mensaje de Datos, o estar inequívocamente asociada a éste; enviarse o no en un mismo acto.

 

Artículo 18. La Firma Electrónica, debidamente certificada por un Proveedor de Servicios de Certificación conforme a lo establecido en este Decreto-Ley, se considerará que cumple con los requisitos señalados en el artículo 16.

 

Artículo 38. El Certificado Electrónico garantiza la autoría de la Firma Electrónica que certifica así como la integridad del Mensaje de Datos. El Certificado Electrónico no confiere la autenticidad o fe pública que conforme a la ley otorguen los funcionarios públicos a los actos, documentos y certificaciones que con tal carácter suscriban.

 

MENCIONES DE LA LEY DE INFOGOBIERNO

Donde se establecen las condiciones que propicien la mejora continua de los servicios que el Poder Público, que contribuyan a su  efectividad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, así como, universalizar el acceso de las personas a las tecnologías y garantizar su beneficio para la sociedad, y en general, implementar los medios tecnológicos en el aparataje del Estado, permitiendo su uso alternativo, a elección del usuario, con la misma validez y garantía que ocurre cuando se acciona presencialmente .

 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas; impulsando la transparencia del sector público; la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía; así como, promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado; garantizar la independencia tecnológica; la apropiación social del conocimiento; así como la seguridad y defensa de la Nación.

 

Artículo 5. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

  1. Actuación electrónica: Capaz de producir efectos jurídicos.

…omissis…

  1. Documento electrónico: Documento digitalizado que contiene un dato, diseños o información acerca de un hecho o acto, capaz de causar efectos jurídicos.

Artículo 6. El Poder Público, en el ejercicio de sus competencias, debe utilizar las tecnologías de información en su gestión interna, en las relaciones que mantengan entre los órganos y entes del Estado que lo conforman, en sus relaciones con las personas y con el Poder Popular, de conformidad con esta Ley y demás normativa aplicable.

El Poder Popular debe utilizar las tecnologías de información en los términos y condiciones establecidos en la ley.

 

Artículo 8. En las relaciones con el Poder Público y el Poder Popular, las personas tienen derecho a:

 

  1. Dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de información, quedando el Poder Público y el Poder Popular obligados a responder y resolver las mismas de igual forma que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales, en los términos establecidos en la Constitución de la República y la Ley.
  2. Realizar pagos, presentar y liquidar impuestos, cumplir con las obligaciones pecuniarias y cualquier otra clase de obligación de esta naturaleza, haciendo uso de las tecnologías de información.
  3. Recibir notificaciones por medios electrónicos en los términos y condiciones establecidos en la ley que rige la materia de mensajes de datos y las normas especiales que la regulan.
  4. Acceder a la información pública a través de medios electrónicos, con igual grado de confiabilidad y seguridad que la proporcionada por los medios tradicionales.
  5. Acceder electrónicamente a los expedientes que se tramiten en el estado en que éstos se encuentren, así como conocer y presentar los documentos electrónicos emanados de los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, haciendo uso de las tecnologías de información.
  6. Utilizar y presentar ante el Poder Público y demás personas naturales y jurídicas, los documentos electrónicos emitidos por éste, en las mismas condiciones que los producidos por cualquier otro medio, de conformidad con la presente Ley y la normativa aplicable.
  7. Obtener copias de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los cuales se tenga la condición de interesado o interesada.
  8. Disponer de mecanismos que permitan el ejercicio de la contraloría social haciendo uso de las tecnologías de información.
  9. Utilizar las tecnologías de información libres como medio de participación y organización del Poder Popular.

 

Artículo 16. Es deber del Poder Público, en forma corresponsable con el Poder Popular, garantizar a todas las personas, a través del sistema educativo los medios para la formación, socialización, difusión, innovación, investigación y comunicación en materia de tecnologías de información libres, según los lineamientos de los órganos rectores en las materias.

 

Artículo 24. El Poder Público debe garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de la información, a través del uso de certificados y firmas electrónicas emitidas dentro de la cadena de confianza de certificación electrónica del Estado venezolano, de conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano y la legislación que rige la materia.

 

Artículo 26. Los archivos y documentos electrónicos que emitan el Poder Público y el Poder Popular, que contengan certificaciones y firmas electrónicas tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que los archivos y documentos que consten en físico.

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGISTROS Y DEL NOTARIADO

 

ARTÍCULO 75 Competencia territorial

Los Notarios Públicos o Notarias Públicas son competentes, en el ámbito de su circunscripción, para dar fe pública de todos los actos, hechos y declaraciones que autoricen con tal carácter, particularmente de los siguientes:

…omissis…

  1. Autenticar firmas autógrafas, electrónicas y huellas digitales.

…omissis…

 

Finalmente concluimos, que la firma electrónica no es nada nuevo, posee sufriente regulación legal,  ofrece grandes ventajas al suprimir el factor distancia en una negociación personal o comercial, lo que se traduce en ahorro significativo de traslado o movilidad; Garantiza que los  datos utilizados se produzcan una sola vez, lo que permite seguridad y confianza; Sus mecanismos no permiten su falsificación; El documento firmado electrónicamente no puede ser alterado; En fin, se ahorra tiempo y recursos valiosos, así que, pongamos en práctica este instrumento y optimice sus actos jurídicos.

 

Abg. José Luis Cañizalez B.

www.defensainternaionalvenezolana.com

 

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